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Según lo planteado por Sergio Arévalo Macías[1], Chile es un país con tasas elevadas de consumo, en comparación con otros países de nivel de desarrollo similar o superior. Las demandas actuales de agua están ejerciendo una fuerte presión sobre los recursos hídricos nacionales, sobre todo en temas como la minería o las hidroeléctricas. Pero en este contexto vale la pena plantearse la siguiente pregunta:

 

¿Sabía Usted que el código de aguas chileno es uno de los más liberales del mundo?

 

En 1950 se dictó el primer Código de Aguas de Chile con el objeto de ordenar los derechos entregados hasta entonces, centralizándolo en una sola entidad. En 1967 la Ley de Reforma Agraria creó la Dirección General de Aguas, a cargo de aplicar las normas sobre dicho recurso. En 1981 se elaboró un nuevo código de aguas, bajo la visión económica de una comisión asesora que indicaba que el agua es un bien económico, donde ni las autoridades ni la ley deben intervenir, quedando en manos del mercado la regulación de uso.

 

Por lo tanto, bajo este último código los derechos de agua quedaron a disposición del juego del mercado. Liberal significa defensa de las iniciativas individuales y busca limitar la intervención del Estado en la vida económica, social y cultural, por lo tanto, liberalismo económico significa el libre juego del mercado sin regulación del Estado.

 

Precisamente el código de aguas creado en 1981 bajo principios económicos y en complemento con la Constitución Nacional de 1980, se hizo en un período en el que se extiende el pensamiento neoliberal, y por tanto, inicia un proceso inverso al pensado por el gobierno socialista de Salvador Allende, es decir, el principio básico es la privatización de recursos. De éste modo, el gobierno militar a través de distintos medios, asegura que el neoliberalismo sea el modelo de desarrollo del país por excelencia. En este sentido, neoliberalismo significa una expresión basada en la “ética del lucro a corto plazo” (Andrés Monares[2]), fortaleciendo el capitalismo financiero, por ser más rápido y lucrativo.

 

En este contexto, el código de aguas comienza a implementarse. Actualmente, si se hace un análisis despojando toda carga ideológica, es preciso señalar mayores falencias que ventajas sobre este instrumento. A continuación presentamos algunas fallas del código de aguas creado en 1981:

 

- Se otorgan derechos de forma que pueden ser acumulados, como un bien económico. Por lo tanto, el costo de almacenamiento a partir del años 1981 es cero.

- Se promueve la transferencia de un bien público de alta importancia económica, social, ambiental y estratégica al sector privado, sin que hayan tenido que pagar o arriesgar nada.

- Los derechos de aprovechamientos Consultivos / No Consultivos están restringidos. Cuando se solicitan derechos consuntivos (que se consume) se producen restricciones en toda la cuenca, desde donde se capta hasta donde nace, y parcialmente aguas abajo. En tanto los no consuntivos (que no se consume) restringe el derechos a consuntivos desde la captación hasta donde nace.

- Es sumamente complejo trasladar derechos de agua en una misma cuenca aguas arriba.

- Actualmente se hace difícil la modificación del arreglo legal- institucional para orientar el sistema hacia una gestión sustentable de los recursos hídricos.

- Se hace difícil o impracticable el manejo integrado de recursos hídricos a nivel de cuencas, así como la gestión de planificación del uso múltiple de las aguas.

 

¿Que generó esta situación? Que en torno al agua se generara especulación, acaparamiento o almacenamiento de derechos de aprovechamientos de agua para ser vendidos en el futuro. Esto acarrea el problema en el presente, ya que cuando una persona posee derechos de agua sin utilizarla, impide que otros puedan utilizarlas también. Almacenar significa acumular para vender en el futuro a un mayor precio, pero a diferencia del almacenamiento de especies, las moléculas de aguas se pierden en el océano y no regresarán para ser utilizadas en un año seco. Por otra parte, los efectos del código de agua afecta el desarrollo regional y local debido a los fuertes monopolios de derechos de aprovechamiento.

 

Para revertir esta situación, en el año 2005 se dictó una reforma al código del agua. La reforma consistió en cobrar una patente a quienes tienen derechos de agua y no la usan. De esta forma se apuesta a que muchos especuladores del agua y que adquirieron derechos para almacenar y vender en el futuro, devuelvan derechos a quienes hoy lo necesitan. Sin embargo y tal como lo plantea Marcos Saavedra Brofman[3], para saber si los especuladores han devuelto o transferido los derechos de agua, será necesario un análisis aparte.

 

Siguiendo con el planteamiento, uno de los principales objetivos de la reforma del 2005, es ligar la disponibilidad de aguas con aquellos que poseen proyectos para utilizarlas, favoreciendo así la competencia y eliminando barreras de entrada. A partir de la reforma,  se exige justificar el caudal solicitado en función de la actividad económica a realizar; mediante una memoria explicativa que justifique la cantidad de agua pedida. En el caso de que exista más de una solicitud sobre el mismo derecho, la Dirección General de Agua (DGA) realiza un remate, cuya reglamentación también se modificó para incluir a las aguas subterráneas, aunque con restricciones (Sergio Arévalo Macías).

 

Para efectos de eliminar el acaparamiento y la especulación, la reforma estableció el pago de patentes anuales a beneficio fiscal, por no uso del recurso; las cuales varían según la región del país, y si el derecho es consuntivo o no consuntivo.

 

Con el fin de facilitar el acceso a la información, por parte de los usuarios, la reforma estableció  que la DGA debe constituir un Registro Público de Derechos de Agua; para lo cual los Conservadores de Bienes Raíces, deberán enviar a la DGA, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de realizados los actos que afecten Derechos de Agua ya constituidos.

 

Hoy, según estudios (Marcos Saavedra Brofman), la demanda de agua a nivel mundial se ha multiplicado por seis. En la conferencia del agua y el medio ambiente en Dublín de 1992, se concluyó que el agua es un recurso finito y vulnerable, considerando que no todos los países, las regiones y localidades tienen la misma disponibilidad de agua, y los efectos del cambio climático están produciendo efectos negativos, entonces hoy el agua comienza a ser un tema necesario de abordar con planes y programas de políticas públicas. Sobre todo viendo la realidad regional de la Araucanía, donde existen comunas tales como: Ercilla, Collipulli, Lumaco, Imperial, Los Sauces, Cholchol, Carahue y Galvarino entre otras, quienes se han visto afectadas por intensas sequias en los últimos 4 años, pero además, son zonas que han presentado una menor precipitación anual, menores índices de desarrollo humano[4] (PNUD-MIDEPLAN 2000) y alta erosión (CIREN 2010).

 

Lo anterior, indudablemente debe llevarnos hacia un planteamiento respecto a la gestión del agua mediante políticas públicas que integren y fortalezcan los distintos estamentos públicos, pero la significatividad de esa integración pasa más bien por cambios en el Código del Agua, pero también cambios a nivel cultural, en términos de que la población tome conciencia respecto a un mejor uso del agua. Lo expresado por Michelle Bachelet el pasado 21 de mayo, en su primer discurso como mandataria, permite por lo menos tener certezas que la “crisis del agua” es un problema que necesariamente debe comenzar a tener un preponderancia mayor en las políticas públicas de este país. En su cuenta pública, la Mandataria explicó que esto “no se trata sólo de escasez hídrica, agravada por la larga sequía que experimentamos, sino de la sobreexplotación de las cuencas y del mal uso de los derechos de agua[5]. La nacionalización del agua es un proceso que tal vez demorará en concretarse, sin embargo, debe existir un plan paralelo que permita la generación de estrategias locales y regionales hacia una mejor gestión del agua.

 

Tal como señalara Sergio Arévalo Macías, actualmente existe un diseño legal institucional, que a pesar de las modificaciones realizadas, aún permite la intervención política de todo el sistema, lo cual favorece a los grandes grupos de interés y tiende a excluir o neutralizar la participación ciudadana, tanto en la toma de decisiones trascendentes, como en la decisión de recurrir a la Justicia. Esto es particularmente evidente en el caso de la gestión de los recursos hídricos nacionales, por lo tanto, se espera una reforma estructural del Estado para resolver las complejidades de un sistema que hasta ahora requiere solución urgente.

 

En el plano local, el proyecto ECOADAPT va en la dirección de la gobernanza sobre el recurso agua y una mejora en el marco legal, y por tanto de política pública ligada al agua. Durante un período de dos años se han generados insumos técnicos científicos y de percepción con actores locales, para generar una estrategia que permita una mejor gestión y uso del agua, contribuyendo además al desarrollo local.

 


[1] Ingeniero Hidráulico: Estudio Adaptación al Cambio Climático para el Desarrollo Local, Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco-SEPADE 2013

[2] Una breve historia del libre mercado: Teología Reformada, Filosofía Moral y Ciencia Económica. Pág 45

[3] Código de agua chileno y reforma 2005: Los problemas con la asignación inicial en la Araucanía, diciembre 2008

[4] Instrumento que avalúa salud, educación e ingresos. PNUD-MIDEPLAN 2000.

[5] http://www.elpatagonico.cl/?p=75413

Según lo planteado por Sergio Arévalo Macías[1], Chile es un país con tasas elevadas de consumo, en comparación con otros países de nivel de desarrollo similar o superior. Las demandas actuales de agua están ejerciendo una fuerte presión sobre los recursos hídricos nacionales, sobre todo en temas como la minería o las hidroeléctricas. Pero en este contexto vale la pena plantearse la siguiente pregunta:

¿Sabía Usted que el código de aguas chileno es uno de los más liberales del mundo?

En 1950 se dictó el primer Código de Aguas de Chile con el objeto de ordenar los derechos entregados hasta entonces, centralizándolo en una sola entidad. En 1967 la Ley de Reforma Agraria creó la Dirección General de Aguas, a cargo de aplicar las normas sobre dicho recurso. En 1981 se elaboró un nuevo código de aguas, bajo la visión económica de una comisión asesora que indicaba que el agua es un bien económico, donde ni las autoridades ni la ley deben intervenir, quedando en manos del mercado la regulación de uso.

Por lo tanto, bajo este último código los derechos de agua quedaron a disposición del juego del mercado. Liberal significa defensa de las iniciativas individuales y busca limitar la intervención del Estado en la vida económica, social y cultural, por lo tanto, liberalismo económico significa el libre juego del mercado sin regulación del Estado.

Precisamente el código de aguas creado en 1981 bajo principios económicos y en complemento con la Constitución Nacional de 1980, se hizo en un período en el que se extiende el pensamiento neoliberal, y por tanto, inicia un proceso inverso al pensado por el gobierno socialista de Salvador Allende, es decir, el principio básico es la privatización de recursos. De éste modo, el gobierno militar a través de distintos medios, asegura que el neoliberalismo sea el modelo de desarrollo del país por excelencia. En este sentido, neoliberalismo significa una expresión basada en la “ética del lucro a corto plazo” (Andrés Monares[2]), fortaleciendo el capitalismo financiero, por ser más rápido y lucrativo.

En este contexto, el código de aguas comienza a implementarse. Actualmente, si se hace un análisis despojando toda carga ideológica, es preciso señalar mayores falencias que ventajas sobre este instrumento. A continuación presentamos algunas fallas del código de aguas creado en 1981:

- Se otorgan derechos de forma que pueden ser acumulados, como un bien económico. Por lo tanto, el costo de almacenamiento a partir del años 1981 es cero.

- Se promueve la transferencia de un bien público de alta importancia económica, social, ambiental y estratégica al sector privado, sin que hayan tenido que pagar o arriesgar nada.

- Los derechos de aprovechamientos Consultivos / No Consultivos están restringidos. Cuando se solicitan derechos consuntivos (que se consume) se producen restricciones en toda la cuenca, desde donde se capta hasta donde nace, y parcialmente aguas abajo. En tanto los no consuntivos (que no se consume) restringe el derechos a consuntivos desde la captación hasta donde nace.

- Es sumamente complejo trasladar derechos de agua en una misma cuenca aguas arriba.

- Actualmente se hace difícil la modificación del arreglo legal- institucional para orientar el sistema hacia una gestión sustentable de los recursos hídricos.

- Se hace difícil o impracticable el manejo integrado de recursos hídricos a nivel de cuencas, así como la gestión de planificación del uso múltiple de las aguas.

¿Que generó esta situación? Que en torno al agua se generara especulación, acaparamiento o almacenamiento de derechos de aprovechamientos de agua para ser vendidos en el futuro. Esto acarrea el problema en el presente, ya que cuando una persona posee derechos de agua sin utilizarla, impide que otros puedan utilizarlas también. Almacenar significa acumular para vender en el futuro a un mayor precio, pero a diferencia del almacenamiento de especies, las moléculas de aguas se pierden en el océano y no regresarán para ser utilizadas en un año seco. Por otra parte, los efectos del código de agua afecta el desarrollo regional y local debido a los fuertes monopolios de derechos de aprovechamiento.

Para revertir esta situación, en el año 2005 se dictó una reforma al código del agua. La reforma consistió en cobrar una patente a quienes tienen derechos de agua y no la usan. De esta forma se apuesta a que muchos especuladores del agua y que adquirieron derechos para almacenar y vender en el futuro, devuelvan derechos a quienes hoy lo necesitan. Sin embargo y tal como lo plantea Marcos Saavedra Brofman[3], para saber si los especuladores han devuelto o transferido los derechos de agua, será necesario un análisis aparte.

Siguiendo con el planteamiento, uno de los principales objetivos de la reforma del 2005, es ligar la disponibilidad de aguas con aquellos que poseen proyectos para utilizarlas, favoreciendo así la competencia y eliminando barreras de entrada. A partir de la reforma, se exige justificar el caudal solicitado en función de la actividad económica a realizar; mediante una memoria explicativa que justifique la cantidad de agua pedida. En el caso de que exista más de una solicitud sobre el mismo derecho, la Dirección General de Agua (DGA) realiza un remate, cuya reglamentación también se modificó para incluir a las aguas subterráneas, aunque con restricciones (Sergio Arévalo Macías).

Para efectos de eliminar el acaparamiento y la especulación, la reforma estableció el pago de patentes anuales a beneficio fiscal, por no uso del recurso; las cuales varían según la región del país, y si el derecho es consuntivo o no consuntivo.

Con el fin de facilitar el acceso a la información, por parte de los usuarios, la reforma estableció que la DGA debe constituir un Registro Público de Derechos de Agua; para lo cual los Conservadores de Bienes Raíces, deberán enviar a la DGA, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de realizados los actos que afecten Derechos de Agua ya constituidos.

Hoy, según estudios (Marcos Saavedra Brofman), la demanda de agua a nivel mundial se ha multiplicado por seis. En la conferencia del agua y el medio ambiente en Dublín de 1992, se concluyó que el agua es un recurso finito y vulnerable, considerando que no todos los países, las regiones y localidades tienen la misma disponibilidad de agua, y los efectos del cambio climático están produciendo efectos negativos, entonces hoy el agua comienza a ser un tema necesario de abordar con planes y programas de políticas públicas. Sobre todo viendo la realidad regional de la Araucanía, donde existen comunas tales como: Ercilla, Collipulli, Lumaco, Imperial, Los Sauces, Cholchol, Carahue y Galvarino entre otras, quienes se han visto afectadas por intensas sequias en los últimos 4 años, pero además, son zonas que han presentado una menor precipitación anual, menores índices de desarrollo humano[4] (PNUD-MIDEPLAN 2000) y alta erosión (CIREN 2010).

Lo anterior, indudablemente debe llevarnos hacia un planteamiento respecto a la gestión del agua mediante políticas públicas que integren y fortalezcan los distintos estamentos públicos, pero la significatividad de esa integración pasa más bien por cambios en el Código del Agua, pero también cambios a nivel cultural, en términos de que la población tome conciencia respecto a un mejor uso del agua. Lo expresado por Michelle Bachelet el pasado 21 de mayo, en su primer discurso como mandataria, permite por lo menos tener certezas que la “crisis del agua” es un problema que necesariamente debe comenzar a tener un preponderancia mayor en las políticas públicas de este país. En su cuenta pública, la Mandataria explicó que esto “no se trata sólo de escasez hídrica, agravada por la larga sequía que experimentamos, sino de la sobreexplotación de las cuencas y del mal uso de los derechos de agua[5]. La nacionalización del agua es un proceso que tal vez demorará en concretarse, sin embargo, debe existir un plan paralelo que permita la generación de estrategias locales y regionales hacia una mejor gestión del agua.

Tal como señalara Sergio Arévalo Macías, actualmente existe un diseño legal institucional, que a pesar de las modificaciones realizadas, aún permite la intervención política de todo el sistema, lo cual favorece a los grandes grupos de interés y tiende a excluir o neutralizar la participación ciudadana, tanto en la toma de decisiones trascendentes, como en la decisión de recurrir a la Justicia. Esto es particularmente evidente en el caso de la gestión de los recursos hídricos nacionales, por lo tanto, se espera una reforma estructural del Estado para resolver las complejidades de un sistema que hasta ahora requiere solución urgente.

En el plano local, el proyecto ECOADAPT va en la dirección de la gobernanza sobre el recurso agua y una mejora en el marco legal, y por tanto de política pública ligada al agua. Durante un período de dos años se han generados insumos técnicos científicos y de percepción con actores locales, para generar una estrategia que permita una mejor gestión y uso del agua, contribuyendo además al desarrollo local.



[1] Ingeniero Hidráulico: Estudio Adaptación al Cambio Climático para el Desarrollo Local, Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco-SEPADE 2013

[2] Una breve historia del libre mercado: Teología Reformada, Filosofía Moral y Ciencia Económica. Pág 45

[3] Código de agua chileno y reforma 2005: Los problemas con la asignación inicial en la Araucanía, diciembre 2008

[4] Instrumento que avalúa salud, educación e ingresos. PNUD-MIDEPLAN 2000.

[5] http://www.elpatagonico.cl/?p=75413

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